Por: karol Yulieth Lopéz león

Congresista Julio César Triana sobrevivió a un atentado en Huila. Su camioneta fue atacada a balazos, pero él y su escolta resultaron ilesos. El hecho reaviva el debate sobre la seguridad de los políticos.

El miércoles 13 de agosto, el representante a la Cámara, Julio César Triana, se dirigía a Neiva, tras una jornada de trabajo con comunidades en La Plata. Su regreso se convirtió en una dramática carrera contra la muerte cuando, alrededor de las 6:00 p. m. en la vía que conduce de La Plata a Neiva, a la altura de Paicol, su vehículo fue atacado a tiros por desconocidos. El suceso ha generado conmoción nacional e internacional.

Además del congresista, en el vehículo viajaban tres policías, un miembro de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y un integrante de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL). Todos lograron salir ilesos gracias a la rápida reacción de los escoltas, quienes repelieron el ataque. Triana, visiblemente afectado pero sano y salvo, agradeció públicamente a Dios, la Virgen María y a las fuerzas del orden por su oportuna intervención. “Agradezco la pronta acción de la Policía y el Ejército tras el ataque, y reitero mi llamado al Gobierno Nacional para que garantice la seguridad de todos los miembros de la oposición”, declaró el representante.

El ataque se produjo cuando varios hombres armados intentaron detener la camioneta en la que viajaba el congresista. Ante la negativa de Triana de detenerse, los atacantes abrieron fuego con fusiles y pistolas 9 milímetros, impactando el vehículo en al menos ocho ocasiones. La acción policial fue inmediata y decisiva para evitar una tragedia mayor. Se inició una investigación inmediata para dar con el paradero de los atacantes. Se presume la participación de grupos armados ilegales en la zona, que operan con total impunidad.

Este atentado contra el representante Triana no solo es un grave hecho de violencia que pone en riesgo la vida de un político, sino que también es una muestra alarmante de la inseguridad que enfrentan los líderes en regiones con presencia de grupos armados en Colombia. El suceso revive el debate sobre la falta de garantías de seguridad para los representantes del pueblo y sus consecuencias para el normal desarrollo de la democracia. La falta de protección efectiva para los líderes políticos podría disuadir a otros de participar en la vida pública, debilitando así las instituciones democráticas. La sociedad colombiana exige respuestas contundentes del gobierno para evitar que hechos como este se repitan.