Por: Bryan Steven Cardona Ciceri

Una macabra red de trata de personas que operaba en un bar de Bosa, Bogotá, fue desmantelada tras meses de investigación. Varias mujeres, en su mayoría venezolanas, vivían hacinadas y sometidas a explotación sexual.

Una alerta ciudadana destapó el horror. La Policía Metropolitana de Bogotá, alertada sobre posibles actividades de explotación sexual en un bar de Bosa, activó una operación que reveló una compleja red de trata de personas. Uniformados de la Sijín y de Infancia y Adolescencia realizaron una primera inspección, detectando indicios que justificaron una investigación de varios meses. La intervención inicial encontró claras señales de explotación en el establecimiento, que también presentaba fallas severas de salubridad.

Las víctimas, en su mayoría mujeres venezolanas, habían sido atraídas a Colombia bajo el engaño de empleos formales como meseras. Sin embargo, al llegar a Bogotá, eran confinadas en el bar, viviendo en condiciones infrahumanas. Mostraban un temor palpable, nerviosismo y una renuencia a comunicarse, sumado a la ausencia de documentos de identidad, retenidos por sus captores. Algunas incluso tenían características que hacían pensar que podían ser menores de edad.

La investigación reveló un macabro modus operandi: las mujeres eran trasladadas a una vivienda en San Bernardino y luego al bar, donde se les imputaba una supuesta "deuda" por transporte y documentación. Esta deuda, irreal e impagable, se convertía en un grillete, justificando su encierro y explotación. Las condiciones de hacinamiento, poca alimentación y ausencia total de higiene eran una constante en su cautiverio forzado, sin posibilidad de salir y bajo supervisión continua.

Tras ocho meses de seguimiento exhaustivo, las autoridades ejecutaron un operativo clave, capturando a los responsables. Estos enfrentan cargos graves por trata de personas, inducción a la prostitución y tortura. Las mujeres rescatadas fueron inmediatamente acogidas en un programa distrital que les brindó asistencia médica, psicológica, alojamiento y apoyo judicial, iniciando así un largo proceso de restablecimiento de derechos. Este caso subraya los esfuerzos coordinados que en 2025 han desarticulado cuatro redes similares, rescatando a más de diez víctimas de esta cruel actividad criminal.