miércoles, 22 octubre 2025
Por: karol Yulieth Lopéz león
Un cargamento de oro valorado en más de 15.514 millones de pesos fue interceptado en una audaz operación en el sur de Colombia, revelando una compleja red de lavado de activos. Dos hombres fueron capturados.
Bogotá D.C., 22 de octubre de 2025. Un golpe contundente al crimen organizado ha sacudido la región sur de Colombia, tras la incautación de 28 lingotes de oro macizo. El valioso cargamento, cuyo peso totaliza 41 kilogramos, está avaluado en una cifra exorbitante que supera los 15.514 millones de pesos colombianos. La Fiscalía General de la Nación ha confirmado la legalidad de su comiso, marcando un hito en la lucha contra el lavado de activos.
En el epicentro de esta operación se encuentran Andrey David Murcia Dávila, quien conducía el vehículo, y su acompañante, Fernando Andrade Delgadillo Rodriguez. Ambos fueron capturados en la vereda El Cedro, un punto estratégico en la vía entre Mocoa y Pitalito. La Fiscalía los ha imputado por el delito de lavado de activos, tras no poder justificar la procedencia lícita del metal. Han sido enviados a prisión preventiva, una medida que subraya la gravedad de los cargos que enfrentan.
La sorprendente incautación se produjo durante un rutinario puesto de control de la Policía Nacional, donde la sagacidad de los agentes llevó a una inspección exhaustiva. Los lingotes, que representaban una fortuna oculta, fueron descubiertos estratégicamente escondidos dentro del tanque de combustible del vehículo. Ni Murcia Dávila ni Andrade Delgadillo Rodriguez pudieron presentar los certificados de origen o los documentos que respaldaran la legalidad de la posesión y transporte del oro. Esta ausencia de documentación clave fue determinante para su judicialización inmediata.
Este impresionante decomiso no solo desarticula una operación de transporte ilegal de metal precioso, sino que también arroja luz sobre las intrincadas rutas del lavado de activos en el país. El oro, una vez autentificado y confirmado su alto grado de pureza, ha quedado bajo la administración del Fondo Especial para la Administración de Bienes (FEAB) y bajo la custodia del Banco de la República. La acción de las autoridades envía un mensaje claro a las redes criminales que buscan lucrarse de la minería ilegal y el tráfico ilícito de recursos, reforzando la vigilancia en las arterias viales del país.
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