Por: Miguel Angel Trujillo

Un terremoto político sacude Colombia en 2025. El Tribunal de Cundinamarca ha admitido una demanda crucial contra el Ministerio de Educación y el Servicio Geológico por presunto uso político de sus redes institucionales. La Fundación FedeColombia denuncia mensajes pro-Gobierno que violarían la ley anticorrupción.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha dado luz verde al estudio de una demanda explosiva que apunta directamente a la comunicación oficial del Gobierno en Colombia. Esta acción legal, que se desarrolla en 2025, pone en el ojo del huracán al Ministerio de Educación y al Servicio Geológico Colombiano por su presunto papel como altavoces políticos del Ejecutivo. La noticia ha generado un intenso debate sobre los límites entre la información gubernamental y la promoción partidista.

La Fundación FedeColombia, entidad que interpuso la demanda, alega que ambas instituciones replicaron de manera sistemática pronunciamientos del presidente Gustavo Petro. Estas publicaciones incluían temas de alta sensibilidad política, como la polémica descertificación de Estados Unidos en la lucha antidrogas y las supuestas irregularidades detectadas en la Nueva EPS. La fundación argumenta que estas acciones traspasan la línea de la neutralidad requerida a las entidades públicas.

Según los demandantes, el patrón de publicaciones constituye un "uso indebido de la publicidad oficial", práctica explícitamente prohibida por el vigente Estatuto Anticorrupción colombiano. Ante la creciente controversia, el propio presidente Petro no tardó en responder con una declaración contundente, afirmando: “Mi Educación es Gobierno y el Servicio Geológico es Ejecutivo, y el presidente es el jefe del Estado por voto popular, y lo popular es el dueño de Colombia”. Su defensa sugiere que la promoción de la gestión es inherente a la función gubernamental.

La admisión de esta demanda podría sentar un precedente significativo para la comunicación institucional en Colombia y en la región. Plantea serias interrogantes sobre la delgada línea entre informar a la ciudadanía y utilizar plataformas estatales para fines de promoción política. Las posibles consecuencias van desde la redefinición de manuales de estilo para redes oficiales hasta sanciones que podrían impactar la credibilidad y el presupuesto de las entidades involucradas, marcando un hito en la supervisión de la transparencia.