Por: Katherine Cruz

Un rector de un internado rural en Cumaribo, Vichada, fue capturado por presuntas conductas inapropiadas contra seis estudiantes indígenas, cuatro menores. El caso conmueve a la nación.

Un escándalo de proporciones ha sacudido la tranquilidad del departamento de Vichada, con la captura de un rector de un internado rural en Cumaribo. El directivo es señalado como presunto responsable de conductas inapropiadas contra seis de sus estudiantes, integrantes de una comunidad indígena, incluyendo a cuatro menores de edad. Las alarmantes situaciones habrían tenido lugar dentro de las instalaciones educativas entre los años 2024 y 2025. Este hecho genera profunda preocupación al tratarse de una figura de autoridad que habría vulnerado la integridad de jóvenes en especial protección.

Según los hallazgos de la investigación, el señalado rector habría utilizado su posición de liderazgo para ejercer control absoluto sobre las víctimas. Presuntamente, este poder fue usado para cometer los actos y silenciar cualquier intento de denuncia. Además, se habría valido de amenazas directas hacia las estudiantes y sus familias, asegurando tener contactos con actores armados ilegales en la región. Estas graves revelaciones salieron a la luz tras una serie de denuncias atendidas con un vital enfoque diferencial, dada la pertenencia étnica y la alta vulnerabilidad de las jóvenes.

Los hechos, de una gravedad inaudita, habrían ocurrido de manera sistemática dentro del mismo centro educativo, un lugar que debería ser un refugio seguro para los estudiantes. El presunto agresor se habría aprovechado de la confianza y el respeto que inspiraba su cargo para manipular y coaccionar a las víctimas. La intimidación con la supuesta conexión a grupos armados fuera de la ley fue una táctica para infundir miedo y garantizar la impunidad. Esta situación expone la cruda realidad de la vulnerabilidad de las poblaciones indígenas y la necesidad de proteger a sus menores.

Como resultado de la rápida acción de las autoridades, el hombre fue finalmente capturado en Puerto Carreño por miembros del CTI y presentado ante un juez de control de garantías. La Fiscalía General de la Nación le imputó los delitos de agresión agravada y comportamiento indebido con menores, cargos que el procesado no aceptó. A pesar de su negación, se ordenó una medida de aseguramiento en centro carcelario, buscando garantizar la protección de las víctimas y la correcta marcha de la investigación judicial. Este caso subraya la determinación de las autoridades para combatir la impunidad y proteger a los más vulnerables.