Por: karol Yulieth Lopéz león

Graves denuncias sacuden al gobierno Petro. Asalto a vivienda de Angie Rodríguez y 'chuzada' al celular de Armando Benedetti. Se investiga posible participación de inteligencia estatal y móviles políticos. La sombra del espionaje se cierne sobre el poder.

El Ministerio de Justicia ha encendido las alarmas al confirmar una investigación de alta sensibilidad. Se evalúa la posible implicación de miembros de la inteligencia estatal en dos recientes y graves episodios que afectan a altos funcionarios del gobierno Petro. El escrutinio surge tras el asalto a la vivienda de la saliente directora del Dapre, Angie Rodríguez, y la denuncia de 'chuzada' con software Pegasus en el celular del Ministro del Interior, Armando Benedetti. Estos incidentes, revelados con apenas veinticuatro horas de diferencia, plantean serias interrogantes sobre la seguridad y estabilidad interna del Ejecutivo.

Las víctimas directas de estos ataques son figuras clave en la administración. Angie Rodríguez, quien recientemente dejó la dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), fue blanco de un asalto a su domicilio. Por su parte, el ministro Armando Benedetti ha asegurado públicamente que su dispositivo móvil ha sido comprometido con el sofisticado software espía Pegasus. Además, el viceministro Andrés Idárraga ha revelado que se está verificando la existencia de un tercer episodio similar, sugiriendo una posible trama orquestada y un patrón de acción.

La cadena de eventos ha generado una profunda preocupación en las esferas del poder. El asalto a la residencia de Rodríguez y la 'chuzada' denunciada por Benedetti no son vistos como hechos aislados por el gobierno. Las autoridades están profundizando en si estas acciones buscan deliberadamente desprestigiar a funcionarios con claras intenciones políticas y electorales. Esta situación resucita fantasmas de intervenciones ilícitas y uso indebido de recursos estatales para fines subversivos dentro del propio gobierno.

La eventual confirmación de la participación de la inteligencia estatal en estos actos detonaría una crisis de confianza sin precedentes en el país. Este escenario, que el propio gobierno Petro no descarta, implicaría una peligrosa confrontación interna y un uso perverso de las herramientas de seguridad del Estado. Las motivaciones detrás de estos actos podrían ir desde retaliaciones políticas hasta un intento de desestabilización gubernamental con miras a futuros comicios. Colombia observa atenta cómo se desenreda esta compleja trama, que amenaza con erosionar la credibilidad de sus instituciones más sensibles.