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Denuncias & Tribunales

lunes, 1 septiembre 2025

Exconsejera Presidencial Acusada de Mega-Soborno en Colombia

Por: Miguel Angel Trujillo

Escándalo en Colombia: Exfuncionaria implicada en el caso Ungrd enfrenta acusaciones de lavado de activos y tráfico de influencias por $3.000 millones.

La Fiscalía General de la Nación presentó cargos formales contra Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones, por su presunta participación en el escándalo de corrupción que sacude a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). La acusación, que ha generado conmoción nacional e internacional, incluye los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias. El caso se suma a la ya compleja investigación sobre la presunta red de corrupción que operaba al interior de la entidad. Este escándalo amenaza con desestabilizar aún más el gobierno.

Ortiz está acusada de haber entregado la considerable suma de 3.000 millones de pesos en efectivo al exsenador Iván Name, quien ya se encuentra detenido. La exfuncionaria, según la Fiscalía, habría recibido el dinero en maletas de manos de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la Ungrd, utilizando vehículos oficiales para su traslado. En sus declaraciones a la prensa, Ortiz afirmó temer por su vida y sugirió la existencia de presiones para silenciarla.

El dinero, de acuerdo a la investigación, provino del desvío de fondos destinados a la compra de carrotanques para La Guajira. La Fiscalía ha construido su caso con base en el testimonio de López, quien aceptó un principio de oportunidad a cambio de colaborar con la justicia y revelar información sobre más de 20 implicados en el caso. Entre los presuntos implicados figuran congresistas, exministros y otros altos funcionarios del gobierno.

La acusación contra Ortiz representa un nuevo capítulo en este escándalo de corrupción de proporciones gigantescas. Las consecuencias podrían ser devastadoras para la confianza pública en las instituciones colombianas, y se espera que este caso abra la puerta a futuras investigaciones y una profunda revisión de los procesos de contratación pública en el país. El impacto político también podría ser significativo, con posibles consecuencias para el gobierno actual y futuras elecciones.

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