Por: Maria Camila Gonzalez Mosquera

Bogotá es testigo de una encrucijada legal. La Corte Constitucional admitió una demanda que podría redefinir el acceso a la tierra y el cumplimiento del Acuerdo de Paz, con graves implicaciones para miles de campesinos.

La Corte Constitucional de Colombia encendió las alarmas en octubre de 2025 al admitir una demanda crucial que sacude los cimientos de la justicia agraria en el país. La acción legal apunta directamente contra el Decreto Ley 902 de 2017, norma que rige el Procedimiento Único para los procesos especiales de tierras. Esta decisión abre un debate de enorme calado sobre la operatividad del sistema judicial en el sector rural y el cumplimiento del Acuerdo Final de Paz. El fondo del asunto es la presunta vulneración del principio del juez natural y el freno a la vital Reforma Rural Integral.

La demanda fue interpuesta por Juan Felipe Harman Ortiz, director general de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), una entidad clave en la implementación del Acuerdo de Paz. Harman Ortiz ha argumentado que la actual fase judicial, que delega los litigios agrarios a jueces civiles, no solo es ineficiente sino que contraviene la esencia de una justicia especializada. Ahora, la Corte Constitucional asume la trascendental tarea de estudiar y decidir sobre la constitucionalidad de este decreto, en un fallo que será determinante. En el epicentro de esta controversia, se encuentran miles de campesinos y comunidades rurales, principales beneficiarios del acceso a tierras prometido en los acuerdos.

La admisión de esta demanda se dio tras una profunda revisión de sus fundamentos, que señalan cómo la actual aplicación del decreto ralentiza el crucial proceso de restitución y formalización de tierras. La falta de una jurisdicción agraria especializada obliga a que los conflictos sobre la tierra sean resueltos por jueces civiles, quienes carecen del conocimiento específico y la capacidad operativa necesaria para estos complejos casos. Esta situación, según los demandantes, no solo frustra las expectativas de las comunidades sino que impide el avance efectivo de la Reforma Rural Integral. La pregunta central es cómo garantizar una justicia agraria efectiva y expedita mientras se materializa la creación de la tan anhelada Jurisdicción Agraria.

La postura de la ANT, al llevar esta demanda ante la máxima instancia judicial, subraya la imperiosa necesidad de activar de forma urgente una Jurisdicción Agraria que brinde una justicia especializada y efectiva. La dilación actual en la resolución de los conflictos agrarios se ha convertido en un cuello de botella para la implementación integral del Acuerdo de Paz, afectando directamente la vida de millones de personas. La decisión inminente de la Corte será, sin duda, un punto de inflexión. El fallo no solo determinará el destino del Decreto 902, sino que definirá quién debe resolver los conflictos de tierras mientras se establece la prometida jurisdicción, marcando el pulso de la paz en Colombia.