Por: Maria Camila Gonzalez Mosquera

Bogotá, 21 de octubre de 2025. El expresidente Álvaro Uribe Vélez fue absuelto de fraude procesal y soborno, tras anularse una condena de 12 años. Un fallo que sacude la justicia colombiana.

El 21 de octubre de 2025, el Tribunal Superior de Bogotá dictaminó la absolución del expresidente Álvaro Uribe Vélez, anulando así una condena de 12 años de prisión domiciliaria por fraude procesal y soborno en actuación penal. La decisión, que ha conmocionado a la opinión pública, revierte el veredicto de primera instancia emitido por un juzgado penal de la capital. Este inesperado giro legal marca un hito en uno de los procesos judiciales más emblemáticos de la historia reciente de Colombia.

La resolución fue proferida por el magistrado ponente Manuel Antonio Merchán, con la participación de la magistrada Alexandra Ossa, mientras que María Leonor Oviedo se apartó de la decisión. Este tribunal contradijo directamente el fallo previo de la jueza Sandra Heredia, quien había encontrado culpable al exmandatario. La Fiscalía General de la Nación, bajo la dirección de Luz Adriana Camargo, había llevado la acusación, pero la Procuraduría General de la Nación había apelado a favor de Uribe, buscando la revisión del caso.

Tras la apelación interpuesta por la defensa de Uribe, que incluía al polémico abogado Diego Cadena, y la Procuraduría, el Tribunal Superior revisó exhaustivamente el material probatorio. Los magistrados concluyeron que la Fiscalía no logró demostrar la culpabilidad del expresidente más allá de toda duda razonable. Se señalaron graves errores en la valoración de las evidencias por parte de la jueza de primera instancia, lo que comprometió la solidez de la condena inicial.

Este veredicto final subraya la crítica importancia de una meticulosa y correcta valoración de las pruebas en cualquier proceso judicial. La absolución de Álvaro Uribe Vélez no solo cierra un capítulo crucial en su vida política y personal, sino que también recalibra el debate sobre la independencia y la eficacia de la justicia colombiana. La decisión sienta un precedente sobre los estándares probatorios necesarios para condenar a figuras de alto perfil, generando reacciones polarizadas en un país profundamente dividido por su figura.