Por: Bryan Steven Cardona Ciceri

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) desestimó la tutela interpuesta por el antiguo secretariado de las FARC, manteniendo el juicio por secuestros. El proceso continúa, pese a la apelación.

La JEP, en una decisión que ha generado revuelo, declaró improcedente una tutela presentada por los exjefes del secretariado de las extintas Fuerzas Armacadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP). Este recurso legal buscaba detener el juicio en su contra por el caso 01, que investiga los crímenes de lesa humanidad y guerra cometidos durante el conflicto armado, específicamente los secuestros. La decisión se basa en que el proceso se encuentra en etapa previa a la sentencia, dejando abiertas las instancias procesales para resolver las controversias. Inicialmente, a finales de enero de 2021, la JEP imputó a los excomandantes por estos delitos.

Entre los implicados se encuentran figuras clave de la antigua guerrilla, como Rodrigo Londoño Echeverry (Timochenko), Pablo Catatumbo Victoria, Pastor Alape, Milton de Jesús Toncel, Juan Ermilo Cabrera, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar. La JEP ha afirmado que "privar a las personas de su libertad, y condicionar su liberación, así como su bienestar, su integridad y su vida, fue un crimen de guerra". Las víctimas relatan horrores cometidos, incluyendo asesinatos, torturas, violaciones, y desplazamientos forzados.

El proceso judicial contra el secretariado de las FARC se basa en la recopilación de testimonios de víctimas que detallan la brutalidad de los secuestros. Se han presentado casos donde menores y mujeres sufrieron particularmente graves atrocidades. La JEP ha recalcado la gravedad de los crímenes, subrayando la importancia de la verdad y la justicia para las víctimas.

La decisión de la JEP de rechazar la tutela y continuar con el juicio envía un mensaje contundente sobre la búsqueda de justicia para las víctimas del conflicto armado colombiano. Las posibles condenas a 20 años de prisión en caso de no reconocimiento de responsabilidad, muestran la firmeza de la justicia transicional en Colombia. La repercusión internacional de esta decisión es innegable y podría afectar las negociaciones de paz y la reconciliación en el país.