Por: Miguel Angel Trujillo

Tras la condena a 12 años de prisión del expresidente Álvaro Uribe, la jueza Sandra Heredia recibe amenazas y Fasol pide protección internacional urgente a la CIDH. La situación genera una crisis judicial en Colombia.

El Fondo de Solidaridad con el Poder Judicial Colombiano (Fasol) ha solicitado medidas cautelares a la CIDH para proteger a la jueza Sandra Heredia, quien emitió una sentencia contra Álvaro Uribe. Las amenazas a la jueza, tras la condena por fraude y soborno, desatan una ola de preocupación internacional.

La condena del expresidente Álvaro Uribe Vélez a 12 años de prisión por fraude procesal y soborno, dictada el 1 de agosto de 2025 por la jueza 44 Penal de Bogotá, Sandra Liliana Heredia Aranda, ha generado una fuerte reacción. Este fallo, histórico en la política colombiana, ha sacudido al país y ha puesto en el centro de la escena a la jueza responsable. La magnitud de la decisión y el peso político del condenado han creado un clima de alta tensión.

El propio Uribe, a través de declaraciones públicas, y sus allegados, han lanzado ataques contra la jueza Heredia. Fasol también denunció que un representante de un gobierno extranjero la tildó de "jueza radical", intensificando las amenazas. Estas acciones, según el comunicado de Fasol, configuran una campaña de desprestigio y acoso contra la magistrada y su familia.

Los hechos se desencadenaron inmediatamente después de la publicación de la sentencia. La condena a Uribe, un personaje con gran influencia y una base de apoyo considerable, desató una ola de reacciones negativas que rápidamente se volvieron hostiles hacia la jueza. Las redes sociales se llenaron de mensajes de odio y las amenazas, según Fasol, fueron directas y creíbles, justificando la solicitud de medidas cautelares.

La solicitud de Fasol a la CIDH refleja la profunda preocupación por la independencia judicial en Colombia. Si no se toman medidas para proteger a la jueza Heredia, el caso podría sentar un peligroso precedente, intimidando a otros jueces y socavando el sistema de justicia. Las consecuencias podrían ser devastadoras para el Estado de Derecho en el país.