Por: Bryan Steven Cardona Ciceri

Presidente Petro acusa a Gutiérrez de golpe de Estado, respondiendo a críticas por decreto de consulta popular rechazada por el Congreso. Petro contraataca recordando la violencia del pasado.

El presidente colombiano Gustavo Petro ha desatado una nueva polémica con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, tras la controversia por un decreto presidencial para convocar una consulta popular rechazada previamente por el Congreso. La tensión entre ambos líderes políticos ha escalado a niveles inesperados, con acusaciones mutuas de acciones antidemocráticas y ruptura institucional. La iniciativa presidencial, que buscaba implementar reformas laborales y de salud, ha dividido al país.

Gutiérrez, acérrimo opositor al gobierno Petro, calificó la iniciativa del decreto como un "golpe de Estado", afirmando en redes sociales que Medellín no lo toleraría. Petro respondió tajantemente a través de su cuenta de X, negando las acusaciones y contraatacando con fuertes críticas al pasado. El presidente afirmó: "Dictadura es matar 6.402 jóvenes inocentes con balas del Estado. Eso es un verdadero golpe de Estado”. Estas declaraciones han generado un debate nacional sobre la memoria histórica y el uso del lenguaje político.

La respuesta de Petro se centra en el pasado violento de Colombia, específicamente en la represión ocurrida en la Comuna 13 de Medellín. El mandatario argumenta que las acciones de Gobiernos anteriores son las que constituyen un verdadero golpe de Estado, recordando el uso de la fuerza letal contra civiles y la implicación de grupos paramilitares. El decreto presidencial, que iba a incluir preguntas sobre reformas laborales y de salud, fue el detonante de esta nueva confrontación.

El enfrentamiento entre Petro y Gutiérrez representa una nueva escalada de la polarización política en Colombia. Las consecuencias de esta disputa podrían afectar la gobernabilidad del país y profundizar la división social. El uso de acusaciones tan fuertes, como "golpe de Estado", genera un clima de tensión que podría obstaculizar la búsqueda de acuerdos y consensos necesarios para la estabilidad nacional. El debate sobre la memoria histórica, inevitablemente entrelazado en este conflicto, promete mantenerse como un punto álgido de la escena política colombiana.